La DEI presentó el informe sobre Retenciones a Instituciones Públicas, en el cual se detalla que estas 18 empresas gubernamentales adeudan L20,399,079.09.

La investigación se realizó a 30 instituciones públicas seleccionadas, de las cuales se han revisado y finalizado proceso en 27 de ellas.

Entre todas las empresas gubernamentales asciende un monto de retención de L21,755,443.74, de los cuales solo se han cancelado L1,356,364.65 que corresponden a nueve instituciones de las 27 ya investigadas, el resto están morosas.

Entre las instituciones que aun no ha pagado a la DEI y que tiene altos montos, están el Instituto Nacional Agrario (INA) con L7,002,803.85, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) con L4,441,514.53, el Fondo Hondureño de Inversión Social (Fhis), L2,710,379.95, el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), L1,115,520.21 y el Instituto Hondureño de Turismo con L1,085,543.73.

Ante esta situación, Roldán Duarte, presidente del Colegio de Economistas de Honduras, consideró mínimo el monto adeudado por las instituciones, ya que no representa ni el 1% de la cantidad total generado por el Impuesto sobre la Renta; sin embargo, dijo que es ilegal y no se puede permitir.

“En realidad no es una cantidad tan grande, en total entre todas las instituciones se habla de 20 millones de lempiras y el Impuesto sobre la Renta está recaudando aproximadamente de 19 mil millones de lempiras. Entonces, 20 millones de 19 mil, ni siquiera constituye el 1%, pero el hecho es irregular totalmente y no se debe permitir”, explicó el economista.

Asimismo, dijo que esta acción por parte de las instituciones públicas es similar a lo que hacen algunas empresas privadas al no pagar el Impuesto sobre la Venta. “Eso es incorrecto porque es algo parecido a lo que hacen algunas empresas, de que cobran los Impuestos sobre la Venta, se quedan con él y no lo centralizan, o solo entregan una parte y eso es ilegal”, indicó.

Duarte resaltó que el informe presentado fue por el mismo Gobierno a través de la DEI, por lo que esta institución debe tomar las medidas que correspondan al caso.

“La ley tiene toda la autoridad para aplicar los correctivos y sanciones pertinentes y la DEI es la que tiene que actuar porque a ellos es que les corresponde”, concluyó.

La investigación fue realizada por el Departamento de Inteligencia Fiscal de la DEI, con el objetivo de verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias formales y materiales por parte de los Agentes de Retención designados por la ley.

Asimismo, exigir el cumplimiento de las obligaciones fiscales a los responsables que por ley se les haya asignado la responsabilidad antes mencionada. LA PRENSA intentó obtener una declaración de las autoridades de la DEI, pero no fue posible conseguirlo a través de la oficina de Relaciones Públicas.