Tegucigalpa , Honduras

Con un caravana de carros y equipo pesado, constructoras de todo el país demandarán al Gobierno el pago de 2,022 millones de lempiras que les adeudan.

Ayer en asambleas en Tegucigalpa y San Pedro Sula, los constructores afiliados a la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), a la Cámara Hondureña de Consultores y el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras determinaron retirarse de 125 proyectos de construcción pública.

 En conferencia de prensa expusieron los representantes de las tres organizaciones, informaron la hoja de ruta y las acciones de presión que tienen planeadas para que les honren las deudas.

La primera de un rosario de eventos que desarrollarán es oficializar el abandono de estos proyectos diseminados en el territorio nacional con base en lo establecido en el artículo 127 numeral 1 de la Ley de Contratación del Estado.

Para tomar esta determinación fueron asesorados por el abogado y exjuez Wilfredo Alvarado López.

En el menú de opciones de presión se programa el desarrollo de una caravana de vehículos y maquinaria de construcción, que de manera pacífica transitará por las principales calles de la ciudad y de manera específica frente a la Casa de Gobierno. Advirtieron que tampoco participarán en licitaciones públicas.

Algunos agremiados fueron del parecer que era necesario integrar a los empleados de las constructoras en este proceso de lucha sostenida en el tiempo hasta cobrar estos recursos. En ese sentido, se propuso llevar a cabo más de una manifestación callejera.

De igual manera levantaron una recaudación de fondos para financiar la publicación de pronunciamientos en los principales periódicos del país.

A partir de hoy también comparecerán ante programas de televisión y en noticieros para hacer incidencia social.

Las finanzas

La propuesta presentada por el presidente de la Chico, Alejandro Álvarez, es que las compañías a las que les adeudan hasta 10 millones de lempiras se les debe cancelar todo el monto en efectivo. En este segmento se encuentran las pequeñas y medianas Empresas (mypimes) de la construcción.

Las empresas que tienen valores pendientes por encima de los 10 millones de lempiras aceptarán que se les cancele un 70% en efectivo y el resto en bonos, siempre que sean títulos valores encajables.

En su momento, la secretaria de la Presidencia, María Guillén, indicó que se mantienen conversaciones con representantes de la Chico porque existe anuencia de parte del Gobierno para llegar a un acuerdo con estos sectores.

Además la opción es pagarles con bonos una porción de esta deuda y que para ello hablarán con la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba) en las próximas horas.

Primeras acciones

El pasado 28 de enero, las tres organizaciones emitieron un comunicado en el que advertían las acciones a tomar ante la falta de pagos.

Mediante un pronunciamiento dirigido a las instituciones del Estado, exigieron el pago de deudas por contratos ejecutados por sus agremiados desde el año 2010 a la fecha, así como las deudas e irregularidades correspondientes a salarios de los ingenieros laborando para el sector público. En el pronunciamiento mencionado se establece, además, suspender a partir de hoy todas las actividades de obras  en ejecución en el país. El mismo pronunciamiento fue ratificado por la CXVI Asamblea Ordinaria del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras celebrada en San Pedro Sula el 25 y 26 de enero de 2013.

En otro pronunciamiento publicado con fecha 22 de enero de 2013 en los diarios de mayor circulación en el país extendieron la medida a todos sus agremiados y decía lo siguiente.

“Todos nuestros agremiados deberán abstenerse de firmar contratos de construcción de obras públicas,  y reaunudación de actividades en contratos suspendidos a la fecha mientras no estemos seguros de que los fondos para el año 2013 tengan la real disponibilidad líquida y que las obras sean  debidamente canceladas a los contratistas, supervisores e ingenieros en general, en tiempo y forma, tal y como se ha establecido en los contratos respectivos.

Por último, solicitamos a los funcionarios públicos miembros de nuestro colegio a no prestarse a cometer arbitrariedades que pudieran traerles llamamientos punibles y consecuencias legales incluyendo la cancelación parcial o total de sus permisos para el ejercicio legal de la profesión,  dependiendo la magnitud del caso”, finalizaba el documento.

Niños hallan escuelas destruidas

 La calamidad que vive el Estado no solo se refleja en las cuentas por pagar a las compañías constructoras. En su regreso a clases, los niños encontraron que la mayoría de escuelas están en  pésimas condiciones.

Para el caso, ayer, los alumnos capitalinos ingresaron una vez más a las aulas de clase, y como si se tratase de una maldición, cientos de niños y jóvenes debieron recibir el pan del saber en hacinamiento y condiciones antipedagógicas para el aprendizaje.

Según informes de las asociaciones de padres de familia y del propio magisterio, de los 2,700 centros educativos entre escuelas y centros básicos ubicados en el Distrito Central, el 75% presentan averías en sus viejas edificaciones.

Este porcentaje se traduce en que al menos 2,025 edificaciones no reúnen las condiciones mínimas que un centro educativo requiere.

Edgardo Martínez, director del Fondo Hondureño de Inversión Social (Fhis), aseguró que 2013 será un año histórico en reparación de escuelas.

El funcionario anunció una inversión de más de 30 millones de dólares procedentes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).