A un año de la creación de instituciones encargadas de llevar a cabo la depuración policial , como la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (Diecp) y de la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública (CRSP), los resultados son pobres y la deducción de responsabilidades es casi nula.



Por tal razón, la Alianza por la Paz y la Justicia logró que el Congreso Nacional pidiera cuentas a los operadores de justicia con el objetivo de que expliquen qué es lo que está pasando con la falta de resultados y el fracaso de las políticas de seguridad del gobierno Lobo Sosa.

La rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), Julieta Castellanos, y Omar Rivera, de la sociedad civil, se pronunciaron ante el Congreso para que llame a rendir cuentas al secretario de Seguridad, Pompeyo Bonilla, el fiscal general, Luis Rubí, y al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés.
Otra medida solicitada por este grupo es la remoción del director de la Diecp , Eduardo Villanueva “por su deficiente desempeño en sus funciones y falta de resultados”.
La rendición de cuentas de todos los operadores de justicia empieza el martes de la próxima semana con la comparecencia en la sesión del pleno del Congreso Nacional de las autoridades de la Secretaría de Seguridad, anunció el diputado Mario Pérez, presidente de la comisión que revisará la conducta administrativa de estos organismos.
En dicha comparecencia estarán el ministro Pompeyo Bonilla, el director de la Policía, Juan Carlos Bonilla Valladares , y el titular de la Diecp, Eduardo Villanueva, sobre el tema central de la depuración policial.
El diputado Marvin Ponce, integrante de dicha comisión, aseguró que en veinte días se tomarán medidas extraordinarias tras las comparecencia de estos funcionarios. “La decisión está en el presidente de la República y yo creo, y estoy casi seguro, que el director de Evaluación de la Carrera Policial (Eduardo Villanueva) va para afuera, yo estoy casi seguro que va para afuera, no creo que se sostenga mucho”.
El miércoles, el turno es para el fiscal general, Luis Rubí.
El diputado Mario Pérez informó que en esta comparecencia se quiere conocer aspectos importantes del accionar de esa institución y que responda sobre señalamientos en su contra vertidos en distintos informes. Las audiencias se cierran el jueves con la exposición que haga el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, sobre el accionar de la Sala de lo Penal y los distintos jueces encargados de impartir justicia, sobre todo contra el crimen organizado, el narcotráfico y otros delitos relacionados con la violencia y la impunidad en el país.
Pobres resultados
Los altos índices de criminalidad en el país y las bandas delictivas en las que operan miembros de la Policía Nacional mantienen entre la espada y la pared a los operadores de justicia.
La demora en la depuración policial es una realidad. La Diecp a un año de su creación solo ha mandado 63 expedientes al Ministerio Público sobre policías involucrados en varios delitos y 97 casos investigados sobre presunto enriquecimiento ilícito de este gremio. “Es un mediocre desempeño el de la Diecp, tiene que haber un cambio, focalizar la depuración en las cúpulas policiales. Cuestionar a los anteriores y actuales jefes de la Policía.
No han judicializado ningún caso con todos los recursos que se le han asignado. ¿Adónde están los resultados?, no existe en el cuerpo policial ningún alto funcionario imputado.
Insisto, deben priorizar en la cúpula antes de entretenerse en la escala básica”, manifestó Omar Rivera.
Incapacidad
Julieta Castellanos criticó a las autoridades de la Diecp por el lento proceso en el que han manejado la depuración policial . Castellanos señaló  que en los últimos siete años nadie en el país ha podido detener el aumento en las tasas de delitos y homicidios. “Pedimos resultados, no pedimos que intervengan a otro Poder, pedimos que llamen a estos funcionarios para que digan por qué no hay resultados”, exigió Castellanos.
Según la rectora, es un hecho para todos los ciudadanos que el territorio hondureño está en control de las mafias, bandas que trafican droga, robo de furgones, control del mercado formal, rutas de transporte, tráfico de personas, bandas de sicariato y bandas que venden seguridad a cambio de no hacer daño.
“Nos tienen de rodillas y lo que tenemos que preguntarnos es quiénes lo han permitido. Queremos que se fortalezca el Estado de derecho, no debilitarlo. Debemos velar porque se mejoren los índices de seguridad y estas instituciones tienen que explicar por qué Honduras es el país más violento del mundo. Aquí se nombran comisiones para alargar los problemas; que no nos engañen más, somos inteligentes para pedir resultados en el tema de los crímenes a la Policía Nacional, al Ministerio Público, a la Corte Suprema y a la Diecp”, argumentó. Hace un año, Castellanos perdió su hijo a manos de policías.
La Policía y el crimen
En los últimos años se han visto policías activos e inactivos conformando bandas criminales en Honduras.
 Fue hasta el asesinato del hijo de Castellanos -Alejandro Vargas- que se comenzó a descubrir la participación de miembros del cuerpo policial en delitos.
 A raíz de esto es que el Ejecutivo y Legislativo han creado instituciones, como la Diecp, para trabajar en la depuración policial.
“Solo queremos resultados, si alguien las da, perfecto, pero el país no puede seguir gastando presupuesto en estas instancias y que se continúe hacia el precipicio.
Por eso fuimos al Congreso, porque estas instituciones solo les pueden dar cuentas a ellos. La Policía no es culpable de todos los crímenes en Honduras, nunca lo hemos planteado; pero tenemos información de que en esta semana desarticularon cinco bandas de secuestradores en las que hay cuatro oficiales de policía involucrados”, denunció Castellanos.
La rectora reiteró que no es la ciudadanía la que desprestigia a la Policía Nacional, sino ella misma al revelarse que tienen miembros en bandas de sicarios, secuestros, extorsión, robo de vehículos y que asesinan personas. “Fueron incapaces de depurarse con Asuntos Internos y por eso se creó la Diecp.
Pedimos que se fortalezca la institución sacando de la Policía a los corruptos”, puntualizó Castellanos.
Lobo admite que se necesitan más reformas
 El presidente Porfirio Lobo aseguró ayer que el Gobierno trabaja en una propuesta de reforma para agilizar los procedimientos de aplicación de las pruebas de confianza , y de esta manera garantizar el proceso de depuración de la Policía Nacional.
El mandatario reveló que antes de la Semana Mayor, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad recibió a una comisión de la organización Alianza por la Paz y la Justicia, la cual se comprometió a presentar una propuesta para agilizar la depuración policial.
Explicó que la propuesta tiene que ver “con lo que es la agilización de los procedimientos de las pruebas de confianza de verificación con la depuración para, incluso, señalar los puntos en los cuales hay que hacer cambios en la ley”.
Lobo admitió que las acciones realizadas hasta el momento por el Gobierno para sanear a la Policía no han sido suficientes, pues sostuvo que “faltan algunos (cambios) todavía que puedan permitir agilizar el proceso”.
 “La Alianza por la Paz y la Justicia hará una presentación al Consejo, casualmente el día de hoy (ayer) tenemos una reunión previa para que se presente al Consejo la propuesta de cómo  agilizar la depuración de la Policía”.